El sistema sanitario, el educativo y el de servicios sociales están directamente implicados en la protección de las personas menores y deben establecer mecanismos de coordinación eficaces, para optimizar los recursos humanos y económicos y garantizar la continuidad del proceso: la detección, el diagnóstico, la derivación, evaluación, seguimiento y/o intervención son objetivos centrales en la coordinación de la protección a menores.